En apoyo a la activista imputada Nora Moyano, representantes de sindicatos, asambleas populares por el agua pura y movimientos sociales se acercaron al poder judicial el pasado jueves 9 de febrero. La causa penal inició a principios del 2020, luego de la lucha social por la restitución y plena vigencia de la ley guardiana del agua, número 7722. La audiencia virtual prevista para el viernes 10 de febrero fue suspendida por la jueza Patricia Alonso, quien lleva el caso, por lo que los abogados defensores exigen la definición de una nueva fecha para lograr el sobreseimiento de esta ciudadana que lucha por los bienes comunes.