Así lo expresó Alejandra Ceja, abogada defensora de Milagro Sala, quien tras un año de rechazo finalmente logró que la Justicia de Jujuy autorizara su traslado para recibir atención médica. La situación de violencia institucional en la provincia jujeña está siendo evaluada por la Comisión creada por el gobierno nacional para relevar los hechos de violencia institucional cometidos el pasado junio, sobre lo cual informó Eduardo Barcesat – abogado constitucionalista. Milagro Sala, lleva casi 8 años detenida, y desde los últimos años atraviesa un severo cuadro de trombosis en su pierna izquierda que pone en riesgo su vida y por esta razón se está solicitando un traslado a un centro de alta complejidad donde pueda recibir las intervenciones quirúrjicas que necesita de manera urgente, pero este pedido venía siendo rechazado por el Poder Judicial de Jujuy desde hace ya un año, pero finalmente ayer – 28 de septiembre- se conoció la noticia de que finalmente fue autorizado su traslado para continuar su tratamiento médico en una clínica de La Plata. La figura de Milagro Sala ha sido el blanco de las políticas represivas y de escarnio público implementadas por el gobernador Gerardo Morales, sin dejar de mencionar la violencia sistemática que descarga contra los movimientos sociales e indígenas de la provincia jujeña. Sobre este tema dialogamos con Alejandra Ceja, abogada defensora de Milagro Sala, al decir: “Acá siguen las movilizaciones en contra de la reforma de la Constitución, sigue la discusión en las calles, hay continuidad de cortes; esta semana hemos tenido la visita de Amnistía Regional Argentina que ha venido a relevar testimonios y conocer in situ después de la información que han tenido a través de habeas corpus y amicus curiae para ayudar a proteger a la ciudadanía. Con Gerardo Morales, estamos hablando de un criminal de lesa humanidad, ese es el status que se le está dando”. Gerardo Morales ya cuenta con más de 200 denuncias efectuadas desde el 16 de junio del 2023 cuando desató la represión Abra Pampa, Purmamarca y San Salvador de Jujuy. “En general en Jujuy todos nos sentimos solos; hay una sensación de que nos hemos caído del mapa constitucional argentino y que solo hay derechos para el poder, para la ciudadanía no”, remarcó Alejandra y agregó: “De todas las cosas que ha pasado con estos personajes del radicalismo en Jujuy, creo que en Junio mostraron la cara que muchos se negaban a ver: haberle pagado a la polícía para salir a reprimir a nuestra gente, haber discapacitado a vecinos y vecinas de nuestra provincia, haber impedido que quienes fueron heridos por ellos pudieran ingresar a los hospitales, la persecusión en vehículos privados, el encarcelamiento clandestino, la tortura, las vejaciones, los apremios ilegales que hablan de la clase de gente que son”. En este sentido dialogamos con el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, quien integra ad honorem la Comisión creada por el gobierno nacional para relevar los hechos de violencia institucional cometidos el pasado junio en Jujuy en el marco de las movilizaciones ante la Reforma (in) constitucional. En la comisión también participan el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el pastor Leonardo Schindler, la antropóloga Diana Lenton y el jurista Humberto Podetti. Sobre la tarea a desarrollar por la Comisión, dijo: “Tiene un espectro de materias a examinar bastante amplio: de un lado están las violaciones a los derechos civiles y políticos fundamentalmente a la integridad, jurisdicción adecuada y represalias de las que han sido víctimas los jujeños que participaron de la protesta por esta impesada reforma constitucional que llevó adelante Gerardo Morales y que frente a la protesta popular, no encontró mejor recurso que reprimirla, inclusive utilizando elementos parapoliciales… y esto ha conducido a una situación bastante caótica en Jujuy donde habido persecusiones, ingresos y allanamientos en domicilios privados sin orden judicial, y la justicia de la provincia no ha dado respuesta suficiente para ninguno de estos hechos abusivos… de manera que esto podría configurarse una hipótesis como crímenes masivos de lesa humanidad”. Otro de los aspectos a examinar por parte de la Comisión tiene que ver con la institucionalidad y las implicancias de la reforma constitucional jujeña en este sentido. “La reforma fue hecha de una manera violatoria de la constitución entonces vigente por el hecho de que la integraron funcionarios – que de acuerdo al texto constitucional provincial- tienen taxativamente prohibido integrar la Convención Constituyente Reformadora, y paradigmáticamente el Gobernador – Gerardo Morales- tiene doble prohibición: la genérica en tanto que funcionario, y la específica en tanto que gobernador dado que no puede ocupar otro cargo o función durante su mandato, ni siquiera la docencia universitaria”. La Comisión evaluará la validez de la reforma y se pronunciará ante la misma con las recomendaciones que consideren pertinentes. Compartimos las entrevistas realizadas en el programa editorial “De Cara al sol” por la Mosquitera FM 88.1 radio comunitaria.